RECUPERACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE SOBRE LA BASE DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PERÚ

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CENERGIA

RECUPERACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE SOBRE LA BASE DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL PERÚ

I.            Impacto del COVID – 19 en el Perú

El 05 de marzo del 2020, se confirmó el primer caso importado por COVID-19 en el Perú, desde esa fecha hasta el 31 de agosto de 2020 se han informado 652 037 casos positivos de COVID-19 y 28 944 defunciones.

El Ministerio de Salud (MINSA), realizó la declaratoria de Emergencia Sanitaria de carácter nacional, el 11 de marzo por un plazo de 90 días, a esto se le sumó la declaración de Estado de Emergencia en todo el territorio por un lapso de 15 días calendario a partir de las 00:00 horas del 16 de marzo, junto con el cierre de fronteras y restricción de la movilidad durante las noches y domingos.

En la décimo sexta semana de estado de emergencia, se hizo efectivo el levantamiento de las medidas de aislamiento social en todo el país a excepción de siete regiones establecidas por el Decreto Supremo N°116-202-PCM (Áncash, Arequipa, Huánuco, Ica, Junín, Madre de Dios y San Martín). Con ello, se dio inicio a la nueva convivencia social tras más de 110 días de cuarentena. El estado de emergencia se extendió hasta el 30 de setiembre.

Estas circunstancias dan el inicio a la mayor crisis económica a gran escala en el Perú.

1.1. Impacto en el Sector Transportes y Comunicaciones

En el transcurso del estado de emergencia, las actividades de transporte de carga fueron priorizadas y dirigidas a mantener la cadena de suministros de productos de primera necesidad. Pese a ello, el movimiento naval de carga diario en el Terminal Portuario del Callao durante la cuarentena se redujo 11% respecto a la carga transportada diariamente entre los meses de marzo y junio del 2019. Así, dentro de la carga trasladada, la reducción más importante corresponde a los contenedores.

La principal paralización del sector corresponde al transporte de pasajeros, que fue restringido desde el 17 de marzo. Así, el transporte nacional e internacional vía aérea, terrestre y acuático quedó completamente suspendido, a excepción de los viajes humanitarios. Precisamente, esta poca o nula actividad de los servicios de transporte explicó la caída de 69.1% de la producción del sector registrada en abril respecto al mismo mes del año pasado.

Con el inicio de la fase 2 de la reactivación económica se autorizó el traslado interprovincial de pasajeros para el personal de las actividades comprendidas en el reinicio de la fase 1 y fase 2 como la minería, agroindustria, pesca, entre otras; y en la fase 3, se autorizó la reanudación de los servicios de transporte de pasajeros y actividades conexas en el ámbito nacional. No obstante, aún no se aprueban los protocolos sanitarios para el transporte aéreo y terrestre interprovincial de pasajeros. Por ello, estas actividades reiniciarían solo entre las ciudades que presenten menor riesgo de contagio.

En el caso del transporte internacional aún no se cuenta con una fecha para el reinicio de actividades, asimismo la apertura de fronteras y las condiciones para el traslado internacional de personas deberán estar alineadas con las medidas de los demás países.

A fines de mayo, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), dispuso que el transporte urbano se realice nuevamente con el 100% de la flota en Lima Metropolitana y Callao y en  la décima semana de aislamiento social, el MTC autorizó el reinicio de actividades de las empresas operadoras de telecomunicaciones.

El tráfico de datos, tanto en redes móviles como en redes fijas, aumentó notablemente. Pese a esta mayor demanda por servicios de telecomunicaciones durante la cuarentena, los ingresos operativos facturados y percibidos por las empresas operadoras se redujeron en 17.6% y 29.2% entre marzo y abril y el nivel de morosidad se incrementó hasta 40%.

Con el levantamiento de la cuarentena, se espera que la dinámica en el tráfico de redes móviles y fijas según distritos y aplicativos se mantenga. Esto debido a que se esperaría que una proporción importante de trabajadores mantenga alguna forma de trabajo remoto. En cuanto a los ingresos de las empresas operadoras, estos se regularían en la medida en que los ingresos y los niveles de empleo se recuperen a los niveles pre COVID-19.

1.2. Impacto en el Sector Minero

Las restricciones operativas llevaron a la paralización temporal de un conjunto de unidades mineras; asimismo, se redujo el ritmo de inversión de los proyectos mineros en construcción, lo que probablemente llevará a una postergación del inicio de su etapa operativa.

Ante la paralización de la producción, el subsector minero-metálico redujo su producción a una tasa interanual de 23% en marzo y 47% en abril; la caída en abril sería la mayor caída histórica desde que se tiene registro del subsector. En particular, la producción de hierro y estaño fue nula en abril. Sin embargo, los niveles de producción minera en mayo se recuperaron respecto a los observados el mes anterior, aunque el sector cayó a una tasa interanual de 46% en mayo.

Por otra parte, la cuarentena también ha impactado la inversión minera debido a las restricciones operativas. La inversión acumulada entre enero y mayo cayó 25% respecto al mismo período del 2019 y el Banco Central de Reserva del Perú proyecta una caída de 31.3% en el año. Para contrarrestar esta caída, el gobierno se ha concentrado en la reactivación de los principales proyectos de inversión en construcción: Quellaveco, Mina Justa y la Ampliación Toromocho, los cuales se reanudarán próximamente.

1.3. Impacto en el Sub Sector Manufactura

La principal industria primaria afectada por la cuarentena fue la de procesamiento y conservación de pescado. La producción en las plantas de congelados y conservas se redujo drásticamente debido a la menor disponibilidad de recursos por menor extracción pesquera, así como por las restricciones operativas introducidas para prevenir el contagio de COVID-19. Esta caída ha sido parcialmente atenuada con el reinicio de la elaboración de harina de pescado.

Según el BCRP, la actividad de congelados y conservas cayó a una tasa interanual de 79.5% en abril, la caída más fuerte en más de 25 años. Por el lado de las exportaciones pesqueras no tradicionales, se observó una caída interanual de 64.4% en abril, principalmente por menores volúmenes de pota congelada enviados a China, Corea del Sur y España. Se espera que esta industria se recupere con la reanudación de la economía mundial y la demanda local.

Ante la parálisis en más de la mitad de la industria no primaria, esta cayó 65.09%, la caída más baja en 15 años y con ello, en el primer cuatrimestre registró un descenso de 25% respecto al periodo enero – abril del 2019.

Hasta este momento, el impacto ha sido sensible para los trabajadores del sector y el MTPE estima que para abril del 2020, se habían perdido 55,530 puestos de trabajo formales en el sector manufactura.

El BCRP estima que la producción del sector manufactura no primaria en el país caería 23.8% este año. Aunque para el 2021 espera un rebote de casi 17% en la producción industrial, al cierre del año del Bicentenario la producción estaría en un nivel que es 11% inferior a lo registrado en el 2019.

1.4. Impacto en el Sector Pesquero

El sector pesquero también fue una de las actividades económicas permitidas desde el inicio del estado de emergencia con el objetivo de abastecer bienes esenciales a la población. Sin embargo, la extracción pesquera fue limitada tanto por las restricciones operativas que afectaron a pescadores artesanales e industriales, como por la fuerte contracción de la demanda ante el cierre de restaurantes y alojamiento, y el menor consumo de los hogares.

Como resultado, la pesca para consumo directo –que proviene principalmente de la captura artesanal- se redujo 27% en marzo y 53% en abril respecto a los mismos períodos del año anterior. Si bien este volumen se ha venido recuperando, aún no logra alcanzar los niveles anteriores al inicio de la pandemia.

Como medida de apoyo a los pescadores artesanales, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) creó el Programa Especial de Crédito, que ha otorgado créditos hasta un máximo de S/ 2,000, con período de pago de hasta 36 meses y bajas tasas de interés.

Por el lado industrial, las empresas pesqueras mencionan la importancia planificar el inicio de la próxima temporada en la zona norte, la cual podría comenzar entre octubre y noviembre, sujeto a las condiciones de la biomasa. Según estas empresas, un inicio temprano contribuiría a la recuperación de las exportaciones de harina de pescado.

1.5. Impacto en el Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

Las actividades de producción y despachos de cemento, ejecución de obras públicas y la construcción inmobiliaria se paralizaron por completo tras el inicio del estado de emergencia. En la semana del 20 al 25 de abril, las cementeras reanudaron los despachos de cemento, cal y otros insumos necesarios, en cantidades limitadas, para las actividades de mantenimiento del sector minero.

El INEI reportó que construcción disminuyó 89.7% en abril debido a un menor consumo interno de cemento (-98.6%) y a una caída del avance físico de obras públicas (-74.9%). Según señalan fuentes del sector, los despachos y producción de cemento en junio alcanzarían como mucho el 70% de su capacidad previa al COVID-19.

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), en la Fase 1 fase se autorizó el reinicio de obras de 707 proyectos inmobiliarios por un monto de S/4,892 millones que se estimaba empleen a 60 mil trabajadores a nivel nacional; sin embargo, la mayor parte de esta inversión y, por ende, la mayor creación de empleos está concentrada en Lima. También se autorizó la reanudación gradual de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, proyectos para la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, proyectos del sector transporte y comunicaciones, 36 obras de saneamiento, actividades de infraestructura agraria, entre otros.

De acuerdo a los informes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú) durante mayo se vendieron 477 viviendas, lo que representa una caída de 70.0% frente a mayo del año pasado y el doble de viviendas vendidas en abril.

Con el inicio de la Fase 2, el MEF aprobó el reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública (PEIP), que buscaba impulsar la ejecución de inversiones públicas de alta complejidad y/o que generen eficiencias de costo, tiempo y alcance. Ello, a través del modelo de ejecución que se empleó en la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2019. En esta línea, destaca la firma del acuerdo gobierno a gobierno con Reino Unido para la culminación de las obras de la Reconstrucción con Cambios por un periodo de dos años. Bajo este contrato se invertirán S/7,000, los cuales se destinarán a la construcción de 15 hospitales y 74 colegios, entre otros proyectos.

Según el Ejecutivo, en el segundo semestre de este año se prevé una inversión de S/1,500 millones del monto total. Ello estuvo seguido del anuncio del programa Arranca Perú, el cual buscaría dinamizar la economía y dinamizar el empleo a través de la ejecución de obras públicas por un monto de S/6,684 millones en los sectores educación, agricultura, transportes y construcción.

Como se sabe, el desempeño del sector construcción es relevante para otras actividades como transporte y energía. Por tanto, la caída que se estima de 40% para este año podría tener un impacto devastador, por su efecto multiplicador, en la economía y también en la recuperación de empleos directos e indirectos.

1.6. Impacto en el Sector Comercial

El sector comercio ha sido afectado fuertemente desde el inicio del estado de emergencia. Inicialmente solo se permitió la operación de las empresas comerciales vinculadas a la venta de bienes considerados de primera necesidad: alimentos y medicinas. Así, entre los establecimientos que mantuvieron sus operaciones se encontraron supermercados, farmacias, tiendas por conveniencia y bodegas. Asimismo, la mayoría de los mercados y centros de abasto continuaron funcionando, aunque algunos de sus puestos fueron cerrados temporalmente. Debido a ello, la actividad económica del sector se redujo en 22% en marzo y en 65% en abril, respecto de los mismos meses del año pasado.

El escenario de confinamiento ha significado una oportunidad para el incremento del comercio electrónico en el país. Así, las ventas del e-commerce han registrado una tendencia creciente desde el inicio de la cuarentena. Por ejemplo, según la empresa Niubiz, el valor promedio de las ventas digitales de incrementó en 49% durante las dos primeras semanas de aislamiento, en comparación con los días previos. Además, su participación del total del consumo privado pasó del 25% durante las primeras semanas de marzo a 50% en abril. Sin embargo, este canal de ventas también registró restricciones que minaron su potencial de crecimiento.

Se tenía previsto que los centros y conglomerados comerciales iniciaran sus operaciones en la Fase 3. Sin embargo, el 15 de junio, el presidente Martín Vizcarra, anunció el adelanto de la reapertura de estos establecimientos con el objetivo de dinamizar la reactivación de la economía y cubrir las necesidades tanto de compradores como de vendedores. De este modo, tras sucesivos anuncios de parte del ejecutivo, el 18 de junio se publicó el decreto supremo que autorizaba la apertura de los centros comerciales, conglomerados y tiendas a partir del 22 de junio con un aforo de 50% y bajo protocolos de seguridad.

1.7. Impacto en el Sub Sector Hidrocarburos

El subsector hidrocarburos ha sido de los más afectados durante la cuarentena debido a la contracción de la demanda interna (cierre de negocios, menor generación eléctrica y reducción del flujo vehicular) y la reducción de los precios internacionales de petróleo. Estos factores redujeron fuertemente la producción de todos los hidrocarburos y han puesto en riesgo la operación de un conjunto de pozos petroleros en el Perú.

La menor demanda de electricidad produjo una reducción en la producción de gas natural. El procesamiento de gas natural se redujo de un promedio de 1,230 millones de pies cúbicos (MPC) diarios en la primera quincena de marzo a un promedio de 772 MPC diarios dese el 16 de marzo a finales de mayo.

Además, la menor demanda por combustibles líquidos resultó en una caída de la producción de líquidos de gas natural (LGN), la cual pasó de un promedio de 91 mil barriles diarios en la primera quincena de marzo a un promedio de 72 mil barriles diarios entre el 16 de marzo y fines de mayo.

Debido a estas presiones operativas, además de la propagación del COVID-19 en la selva peruana, Petroperú anunció el 30 de abril la paralización de las operaciones del Oleoducto Norperuano. Asimismo, los lotes 95 y 8, en Loreto, suspendieron sus operaciones por fuerza mayor. En este contexto, las empresas petroleras han tenido dificultades para el pago de sus obligaciones, en particular las regalías que según estadísticas de PERUPETRO, cayeron en 62% en marzo y 81% en abril respecto de los mismos meses del 2019. Para enfrentar esta situación, los gremios de empresas petroleras solicitaron la postergación del pago de estas obligaciones por 90 días.

La caída ha sido mayor en el caso de la refinación de petróleo, impactada por el menor consumo de combustibles. La paralización de la economía llevó a que la refinería La Pampilla, de la empresa Repsol, que operara durante abril a un tercio de su capacidad instalada. Asimismo, la cuarentena afectó las obras de modernización de la refinería de Talara, las cuales se planeaba que culminen fines de este año. De acuerdo con funcionarios de Petroperú, en julio se reanudarían las labores de construcción de este proyecto.

1.8. Impacto en los Subsectores electricidad y distribución de gas

Durante el estado de emergencia, los subsectores electricidad y distribución de gas fueron afectados por la fuerte caída en la demanda de energía, producto de la menor actividad de gran parte de los sectores productivos. La actividad del sector electricidad, agua y distribución de gas se redujo 12% en marzo y 26% en abril, de acuerdo con las cifras reportadas por el INEI.

Las empresas generadoras, más perjudicadas fueron las que utilizan fuentes de generación térmica, ya que por la menor demanda se priorizó la producción con fuentes hidroeléctricas, que cuentan con menores costos marginales. Asimismo, las empresas generadoras que manejan un portafolio de ventas enfocado solo en algunas industrias como la minería o manufactura habrían sido más impactadas que las empresas con una cartera diversificada, con contratos tanto con empresas industriales como con distribuidoras eléctricas.

También se experimentó una interrupción de la cadena de pagos, producto de las altas tasa de morosidad registrada por parte de los usuarios regulados. En consecuencia, las empresas distribuidoras de estos sectores presentaron dificultades para cumplir con sus obligaciones con las empresas transmisoras/transportadoras y productoras, por lo cual, buscaron renegociar las cláusulas de los contratos que exigían un pago fijo, se use o no, el servicio de transporte, tanto de electricidad como de gas.

Desde el inicio de la Fase 3 de la reactivación económica, el 1 de julio, la producción diaria de electricidad ha registrado un incremento respecto a la producción registrada durante los días previos, entre el 20 y 30 de junio. Así, la producción diaria promedio entre el 1 y 4 de julio alcanzó los 135 MWh, superando en 31% al promedio registrado durante el mes de abril (103 MWh). No obstante, la cifra aún es 12% menor al promedio diario producido durante la primera quincena de marzo (154 MWh). Para las próximas semanas, se espera que el consumo de energía eléctrica continúe en aumento en la medida que nuevas actividades económicas consoliden el inicio de sus operaciones.

1.9. Impacto en el Sector Educación

Los servicios educativos, tanto públicos como privados, fueron suspendidos inicialmente, en esta línea, el Ministerio de Educación (MINEDU) dispuso que los colegios presenten un plan de recuperación de clases a distancia. Con estas medidas se buscaba preservar los ingresos de los colegios que debían seguir afrontando costos de salarios, mantenimiento, alquileres, entre otros. Sin embargo, en el mes de abril y tras la prolongación del estado de emergencia, algunas instituciones privadas iniciaron clases virtuales y con la expectativa de reanudar las clases.

El MINEDU dio inicio a las clases a través de la plataforma virtual “Aprende en casa”, este espacio, es seguido cada semana por más de seis millones de usuarios y difundida por más de 1,000 radios en todo el territorio nacional. En mayo, el Gobierno prohibió a los colegios privados el cobro de aquellos servicios que se hayan dejado de brindar producto del estado de emergencia. Luego, el 1 de julio autorizó el inicio de clases presenciales en zonas rurales con limitado acceso a medios de comunicación y conectividad y que registren nulo nivel de contagio.

En cuanto a la prestación de los servicios de educación superior, el impacto habría sido tal que la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes) estimó, a mediados de junio, que cerca de 10 universidades privadas y 500 institutos podrían cerrar este año producto de la crisis por la pandemia. En particular, esto se debería a que, según la Fipes, el 15% de estudiantes universitarios habría abandonado los estudios y el 50% no estaría cumpliendo con sus pagos.

El MINEDU autorizó el ingreso de personal de universidades, institutos, Centros de Educación Técnico Productiva (Cetpro) y escuelas de educación superior público y privado para realizar actividades esenciales. Asimismo, el Pronabec anunció que otorgarán tres mil créditos educativos, a través del nuevo Crédito Continuidad de Estudios, para evitar la deserción en educación superior. Además, se aprobó el reinicio de las clases semipresenciales en los más de 1,800 Cetpros públicos y privados los cuales fueron incluidos en la Fase 3 de la reactivación económica.

1.10. Impacto en el Sector Salud

Previo a la propagación del COVID-19 en el Perú, el sistema de salud ya presentaba problemas de capacidad sanitaria. Por ejemplo, a nivel nacional existía, en promedio, 16 camas y 13 médicos por cada 10,000 habitantes. Con la llegada de la pandemia y el aumento de casos de contagio, se cuestionó, especialmente, la capacidad del sector público para llevar a cabo un eficiente diagnóstico y atención a los infectados. A esto se sumó el incremento de la demanda por insumos médicos, que ocasionó un aumento en los precios de mascarillas y productos de higiene. En consecuencia, y dado el desabastecimiento de estos productos, se tuvo que incurrir en altos montos de gasto en insumos sanitarios. Por ejemplo, a inicios de abril, el precio de importación de mascarillas era 8 veces mayor al precio pre COVID-19.

Como parte de las medidas adoptadas por el sector salud, en la quincena de abril se oficializó, mediante el Decreto Supremo N° 068-2020, la entrega de un bono extraordinario mensual de S/720, dirigido al personal de salud que está prestando servicios durante el Estado de Emergencia. Asimismo, se tomaron medidas en relación al abastecimiento de medicamentos en farmacias, debido a la escasez de medicinas utilizadas para el tratamiento de síntomas de COVID-19.

Dada la deficiente infraestructura de salud y la escasez de camas hospitalarias, el Ejecutivo se vio en la necesidad de formar alianzas con el sector privado, para esto el Seguro Integral de Salud (SIS) llegó a un acuerdo con la Asociación de Clínicas Privadas (ACP), para permitir la atención de pacientes de COVID-19 a una tarifa social, no obstante, este acuerdo no se hizo efectivo hasta la última semana de junio.

Recientemente, se firmó un acuerdo gobierno a gobierno con Francia para el mejoramiento de los hospitales Antonio Lorena de Cusco y Sergio Bernales de Lima en un plazo de 34 meses. Para ello, el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) invertirá US$19.5 millones para que las empresas designadas por el gobierno francés ejecuten dichas obras.

1.11. Impacto en el Sector Turismo

El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la paralización de la economía. Según cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), entre enero y mayo del 2020, la recepción de turistas extranjeros habría caído 54%. Asimismo, el gobierno estima que, hacia finales de año, el turismo receptivo disminuya hasta en 70%, lo cual representaría pérdidas por US$3,300 millones para el país.

Una actividad conexa al turismo y que también se ha visto seriamente afectada es el servicio de alojamientos; sin embargo, el aislamiento social y la restricción del transporte nacional no permitieron que las actividades se reanuden apropiadamente. Recientemente, con el inicio de la fase 3 de reactivación, se autorizan las actividades de agencias de viajes, operadores turísticos y guías de turismo, así como los servicios de alojamiento en general.

Se espera que el proceso de reanudación de actividades sea sumamente lento, ya que las familias, principal componente del turismo doméstico, demorarían en retomar los viajes al interior del país y las empresas del rubro estiman que en 2 o 3 años podrían alcanzar un nivel de recuperación similar al del 2019.

Para la reactivación del sector, el gobierno dispuso la transferencia de S/500 millones para la creación del FAE-Turismo. Este programa tiene como principal objetivo beneficiar con créditos a las micro y pequeñas empresas del sector turismo que no hayan sido beneficiarias de Reactiva Perú o FAE-Mype.

II.          Medidas propuestas por la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)  para Recuperación Post COVID – 19

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), señala que El aumento de la adopción de energías renovables, la eficiencia energética y las medidas de transición energética relacionadas representan una inversión con visión de futuro en medio de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Al respecto, señala que se presentan las siguientes oportunidades:

  • Las medidas de recuperación posteriores a COVID podrían impulsar un cambio duradero en la combinación energética global.
  • Vincular la recuperación a corto plazo con las estrategias de mediano y largo plazo es fundamental para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.
  • Las transiciones energéticas nacionales y regionales pueden ayudar a construir economías y sociedades resilientes.
  • La inversión en transición energética puede impulsar el PIB y crear puestos de trabajo en la fase de recuperación 2021-23.
  • La inversión verde será vital para movilizar financiación inicial para la transición.
  • En comparación con los planes actuales, una transición energética acelerada podría agregar 5.5 millones de empleos más para 2023.
  • Los aumentos inmediatos de la inversión podrían encaminar la generación de energía renovable para crecer cinco veces más rápido.
  • Las energías renovables, aunque afectadas junto con el resto de la economía, parecen más resistentes que otras partes del sector energético.

Las recomendaciones de política clave para la fase de recuperación 2021-23, que hace el IRENA, incluyen:

  1. Aumentar los objetivos nacionales y mejorar los compromisos climáticos.
  2. Asegurar financiamiento estratégico, invertir en infraestructura relacionada con la transición, desviar la inversión de los combustibles fósiles y condicionar los rescates a la acción climática.
  3. Salvaguardar los proyectos renovables existentes y garantizar marcos de políticas estables para la infraestructura relacionada con la transición.
  4. Ampliación de las tecnologías relacionadas con la transición mediante cuotas y mandatos y creación de la infraestructura para los diferentes sistemas.
  5. Creación de infraestructura eficiente basada en energías renovables, incentivando el uso de vehículos eléctricos y biocombustibles y promoviendo cambios de comportamiento para reducir el impacto de los viajes.
  6. Proteger los empleos existentes, apoyar la expansión de la fuerza laboral en campos relacionados con la transición, coordinarse con las industrias y desarrollar la educación y la capacitación para minimizar las brechas de habilidades.
  7. Diversificar las cadenas de suministro, desarrollar industrias locales, proporcionar financiamiento y promover programas de desarrollo de proveedores y agrupaciones industriales.
  8. Mantener las iniciativas de acceso a la energía, garantizar un suministro de energía confiable y respaldar soluciones distribuidas de energía renovable para fortalecer la salud, el saneamiento y otras infraestructuras críticas.

III.        Primeras Medidas para Apoyar una Recuperación Económica Sostenible sobre la Base de la Eficiencia Energética

Para mitigar los costos económicos y ambientales futuros, los gobiernos primero deberán alinearse en soluciones sostenibles sobre la base de la eficiencia energética como parte de su presupuesto financiero para garantizar una recuperación sostenible de la COVID-19.

Las primeras medidas que se deben tomar se listan a continuación:

3.1. Incentivar a los hogares para que sean más eficientes energéticamente y equilibren el uso de energía.

Muchos expertos anticipan que trabajar desde casa podría convertirse en la nueva normalidad y que muchas personas continúen haciéndolo después de la pandemia. Los primeros indicios sugieren que el consumo de energía doméstica está aumentando debido al mayor uso de computadoras y televisores domésticos con un pico de demanda en el medio del día. Para los hogares, el aumento en el consumo de energía podría generar facturas mensuales más altas.

Las personas que se quedan en sus hogares requerirán que los gobiernos ayuden a los hogares a reducir su demanda de energía promoviendo el uso de electrodomésticos que ahorran energía. El paso hacia una mayor eficiencia energética en los hogares también podría tener un impacto positivo en la economía, ya que el apoyo del gobierno a tales medidas crea empleos y crecimiento económico en la economía local.

Las iniciativas de eficiencia energética no solo impulsarían el crecimiento económico, sino que también ayudarían a los hogares a reducir sus facturas de energía y reducir las emisiones de carbono.

3.2. Desarrollar infraestructura en toda la ciudad para promover el uso de movilidad eléctrica.

En 2003, un estudio realizado en la Universidad de California en Los Ángeles encontró una asociación positiva entre los niveles de contaminación del aire y la mortalidad por SARS en China. Por lo tanto, las ciudades ahora deberán tener en cuenta la contaminación del aire y su vínculo con posibles brotes de influenza.

Una forma efectiva de reducir la contaminación del aire es promoviendo la electromovilidad. Además de esto, el miedo de volver a viajar en transporte público como consecuencia del coronavirus, ha hecho que el negocio de las bicicletas y monopatines eléctricos, avance como primera opción, para suplantar los viajes de las personas al trabajo, de forma más segura y saludable, a tal punto que podría decirse que esta tendencia fue acelerada por el Covid-19.

Pese a que el coronavirus ha destrozado las ventas del mercado de automóviles, hay motivos para pensar que la gente va a pensar en comprar un automóvil, motivada en parte por viajar en un vehículo particular, más seguro y más limpio, mientras el uso del transporte público irá cayendo, impulsado aún más por el mal servicio prestado por los medios de transporte masivos (largas colas, flota insuficiente y costos con tendencia a elevarse). Sin embargo, este escenario requiere de incentivos por parte del gobierno, dado que la capacidad adquisitiva de los que pudieran tener acceso a este tipo de movilidad se ha visto deprimida por la pandemia del COVID – 19.

Si el estado facilita acceso al financiamiento sin tantos requisitos, realmente este tipo de movilidad se puede imponer y quedarse para siempre. Entonces queda claro que este panorama es el ideal para la promoción de un transporte eficiente y de bajo impacto ambiental.

3.3. Educar a la población sobre las medidas de reducción de energía.

En el marco de la pandemia del COVID-19, el principal consejo es quedarse en casa. Sin embargo, la crisis del coronavirus tiene unos impactos socio-económicos que agravan la pobreza energética principalmente debido a dos factores: la reducción de la renta, por la pérdida total o parcial de ingresos de muchos hogares, y el aumento del consumo energético doméstico, por la situación de confinamiento de la población. Estos dos fenómenos, agravados por la baja eficiencia energética de algunas viviendas y el poco conocimiento de la facturación energética, pueden provocar un aumento de las situaciones de vulnerabilidad.

Por esto es muy importante que el gobierno implemente programas educativos para generar conciencia social sobre el consumo responsable de energía y los ahorros que se pueden lograr en las facturas mediante la inclusión de algunos hábitos que no requieren de una inversión económica.

La implementación de pequeñas acciones encaminadas al ahorro y uso eficiente de la energía puede disminuir de forma significativa las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera generados por el uso de combustibles fósiles y energía eléctrica. La suma de esfuerzos de cada poblador puede reflejar un ahorro conjunto mucho mayor y de importancia.

3.4. Creación de puestos de trabajos en base al impulso de la eficiencia energética y ofrece estímulos económicos

Antes de la crisis actual, solo en Estados Unidos y Europa, más de 3,3 millones de personas tenían puestos de trabajo en la industria de la eficiencia energética, y la mayoría trabajaba en pequeñas y medianas empresas.

La inversión a través de programas de recuperación económica bien diseñados puede utilizar el potencial de la eficiencia energética para respaldar los puestos de trabajo existentes, crear nuevos e impulsar la actividad económica en sectores clave de uso intensivo de mano de obra, como la construcción y la fabricación.

3.5. Construcción de infraestructura habitacional eficiente

Las políticas de estímulo dirigidas al sector de la edificación y la construcción suelen tener los mayores impactos macroeconómicos. Esto se debe a que el sector tiene un gran potencial para activar cadenas de valor locales. Los edificios y los programas de construcción pueden incluir inversiones en viviendas, escuelas, hospitales e instalaciones municipales.

Estos programas se pueden dividir en dos categorías:

a) Programas de edificios nuevos: Pueden proporcionar incentivos para construir nuevos edificios con altos estándares de eficiencia energética, aprovechando las soluciones rentables que ya están disponibles a un costo adicional mínimo y brindar beneficios considerables. Mediante la implementación a gran escala, las innovaciones como la prefabricación pueden reducir los costos y mejorar la eficiencia.

Es recomendable empezar con programas del sector público que se centren en viviendas y ciertos tipos de edificios relativamente estandarizados, como viviendas sociales, hospitales, edificios de oficinas y escuelas, pues estos proyectos han demostrado su eficacia para generar importantes beneficios económicos.

Ya sea que los gobiernos inviertan en hospitales o escuelas, iluminación o viviendas, todos los programas de estímulo pueden incorporar requisitos de eficiencia energética ambiciosos y rentables para un esfuerzo extra mínimo simplemente aprovechando los productos existentes y las capacidades de los proveedores de servicios. Esto puede estimular el mercado de productos y servicios más eficientes, evitar el bloqueo de facturas de energía más altas y emisiones de carbono en las próximas décadas y aumentar la productividad energética.

b) Programas de actualización para edificios existentes. Esto implica desarrollar programas que fomenten la optimización del comportamiento energético de la envolvente térmica de los edificios para reducir las demandas de energía para aire acondicionado en verano, mejorar del rendimiento en las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación.

Ambos programas pueden complementarse con la aplicación de energías renovables, como pueden ser energía solar térmica para la producción de agua caliente o bien energía solar fotovoltaica para producción de electricidad, siempre que las características del edificio y de sus instalaciones lo permitan y que dicha implantación sea viable desde el punto de vista técnico y económico. De no ser así se deberá optar por implantar sistemas con instalaciones y equipos de alta eficiencia energética.

3.6. Reemplazo de tecnología obsoleta o de baja eficiencia

Los gobiernos pueden brindan incentivos directamente a los consumidores (o a través de fabricantes o minoristas), para reemplazar productos viejos e ineficientes con modelos nuevos y más eficientes a través de programas de reemplazo de tecnología para automóviles, refrigeradores u otros electrodomésticos. Esto puede incluir inversiones en los llamados programas de “dinero por cacharros” para automóviles, refrigeradores u otros electrodomésticos y dispositivos digitales.

Por supuesto, se deben tener en cuenta los impactos ambientales generales de la sustitución temprana de tecnologías: se pueden crear puestos de trabajo en la industria del reciclaje a través de programas específicos de economía circular.

El menor uso de energía en los hogares al reemplazar las unidades antiguas, resultará en facturas de energía significativamente más bajas para los consumidores y una menor demanda de subsidios de los hogares de bajos ingresos.

Así también, los programas de reemplazo de tecnología pueden respaldar la fabricación y el despliegue de tecnologías más nuevas, como bombas de calor, sistemas digitales de gestión de edificios y vehículos eléctricos. Los programas de mejora de la flota centrados en autobuses, trenes, furgonetas o taxis también podrían impulsar el estímulo económico y la eficiencia energética.

3.7. Proyectos de actualización tecnológica de infraestructura existente

Los proyectos de actualización de infraestructura a gran escala pueden generar una gran cantidad de puestos de trabajo que aprovechan tanto la contratación pública como las cadenas de valor locales. Dichos proyectos incluyen inversiones en infraestructura que permita la eficiencia energética, como redes inteligentes, sistemas para carga de vehículos eléctricos, así como conectividad digital de próxima generación para un sistema energético más eficiente, resistente y preparado para el futuro.

Para apoyar aún más los trabajos de construcción a nivel local, los proyectos de infraestructura también podrían incluir inversiones en infraestructura de transporte público masivo eficiente. Las actualizaciones inteligentes del alumbrado público también pueden brindar múltiples servicios de infraestructura, ya que los postes de alumbrado público también pueden servir como estaciones de carga de vehículos eléctricos e incluir infraestructura de telecomunicaciones 5G.

3.8. Descentralización en la generación de energía y la digitalización

Invertir en infraestructura es, por su propia naturaleza, un ejercicio prospectivo. Se debe construir activos hoy para que puedan proveer los servicios de calidad que se necesitarán en los años por venir.

La organización de los mercados de la electricidad ya ha comenzado a cambiar radicalmente, especialmente en el segmento de la distribución; hasta estos días, la distribución se caracterizaba por empresas monopólicas y consumidores pasivos que demandan electricidad al precio que se les ofrecía; Sin embargo, en el mundo se observa que el consumidor tiene un papel cada vez más importante, ya que al poder generar su propia electricidad, pasa a ser consumidor y productor al mismo tiempo, lo que ha llevado a acuñar el término “prosumidor”.

Los cambios están impulsados por dos tendencias simultáneas y que se refuerzan mutuamente:

a) La descentralización en la generación. La producción descentralizada de energía en los hogares e industrias implica la entrada de una gran cantidad de productores al mercado de la energía, posibilitado por el avance de la tecnología y por la caída de sus costos.

La creciente digitalización permite a las empresas distribuidoras utilizar herramientas (como machine learning) para optimizar el uso de la red eléctrica, reduciendo los costos de mantenimiento e inversión. También permite implementar mecanismos de respuesta de la demanda para los consumidores y de reducción de costos a través de medidores inteligentes y aplicaciones de “Internet de las Cosas” (IoT por sus siglas en inglés).

Por ejemplo, los consumidores podrán programar el uso de electrodomésticos o la carga de vehículos eléctricos para los momentos del día cuando los precios sean más bajos o para cuando haya más oferta de electricidad en la red (lo cual será crecientemente lo mismo, al fijarse precios dinámicos).

b) La digitalización. Permitirá que los consumidores intercambien electricidad en el mercado, sea con la empresa distribuidora o, en forma creciente, con otros consumidores.

En el sector transporte, el cambio más disruptivo será la automatización, y los impactos de una mayor automatización dependerán en gran medida de la digitalización de los servicios. La automatización también se utilizará, en forma creciente, en el transporte masivo (metros, trenes y autobuses) y en los servicios de logística, abriendo posibilidades de aumentos muy importantes en la productividad del sector.

El cambio tecnológico puede contribuir a cambiar el paradigma bajo el cual se organizan y operan los servicios de agua y saneamiento. Actualmente se extrae más agua de la necesaria debido a procesos ineficientes, y solo recibe tratamiento una pequeña fracción del agua residual. La tecnología puede contribuir a que los recursos hídricos se manejen de modo integrado; por ejemplo, midiendo y regulando la cantidad de agua utilizada por cada uno de los principales usuarios (agricultura, industria y hogares); reduciendo los costos para el tratamiento de las aguas servidas; y ampliando las opciones para su reutilización.

En un mundo ampliamente digitalizado y con una digitalización bien regulada, los servicios se consumirán solo cuando se necesitan, serán menos onerosos para los consumidores y, sobre todo, serán de mejor calidad. Se evitarán los cortes de electricidad recurrentes, será posible llegar con agua de calidad a cada hogar y el transporte al trabajo tomará menos tiempo y será más cómodo y seguro.

3.9. Invertir en el desarrollo de las energías renovables

Antes del brote de coronavirus, el mundo estaba en una trayectoria para cambiar la inversión de combustibles fósiles contaminantes a energías renovables. La investigación muestra que las inversiones en energía renovable producen un alto rendimiento y crean puestos de trabajo.

La inversión en energías renovables, se ve incentivada por las siguientes razones:

  • La energía limpia produce un rendimiento económico de 3 a 8 veces mayor que la inversión inicial.
  • La inestabilidad de los precios de los combustibles fósiles presenta una oportunidad global para acelerar el cambio hacia la energía limpia.
  • La inversión en energías renovables y eficiencia energética genera nuevos puestos de trabajo.

Mientras la industria de los combustibles fósiles está siendo golpeada a causa de la crisis causada por el COVID-19, las energías renovables han alcanzado un punto de máxima rentabilidad, de acuerdo con un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esto debido a la caída de las demandas de energía eléctrica en la mayoría de países, lo que aumenta la participación de fuentes renovables.

Adicionalmente la caída en los costos es una oportunidad que no se puede desaprovechar para que el gobierno priorice las energías limpias en sus paquetes de recuperación económica pos-COVID-19, con miras a cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

La tendencia actual sobre las energías renovables muestra un crecimiento sostenido desde principios de siglo, esto demuestra que optar por ellas no es un mero capricho o moda, sino que responde a la necesidad de garantizar la supervivencia de la humanidad y el medio ambiente.

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